Las medidas brindan nuevas herramientas para evitar que infantes y jóvenes sigan siendo víctimas de algoritmos o políticas irresponsables de los grandes consorcios digitales

Las decisiones adoptadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre el impacto de las redes sociales en la población establecen una ruta clara para que no se normalice la violencia a través de las plataformas digitales, destacó la presidenta del Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA), Anahí Arizmendi.

La sentencia dada a conocer este lunes 30 de diciembre, “establece una ruta para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes venezolanos y para que las familias venezolanas cuenten con mayor tranquilidad de que la justicia se está haciendo presente en actos que sin duda constituyen delitos y que además violentan la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, expresó Arizmendi.

Asimismo, destacó la importancia de que se establezca un fondo para resarcir los daños a las víctimas de los denominados retos virales de Tiktok “porque no solo las reconoce y les da protagonismo, sino que también establece un espacio para que las familias que se sientan víctimas de lo que ocurre de manera irresponsable, de los mensajes inapropiados que no están a nivel del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, puedan también resarcir todo este tipo de consecuencias de lo que han venido siendo estos delitos que, lamentablemente siguen afectando no solo en Venezuela, sino en el mundo”.

En su intervención, la presidenta del IDENNA también saludó la decisión de ampliar y darle continuidad a la mesa técnica que está evaluando el impacto de lo que ocurre en Tiktok, especialmente con los retos virales en el país. Destacó que esta medida “permite un debate necesario, pedagógico en Venezuela, en las familias, en las distintas instituciones sobre lo que significa las redes digitales y la necesidad de fortalecer para los niños, niñas y adolescentes las redes humanas, el deporte, la cultura, otros espacios de convivencia y socialización y entender también desde la responsabilidad que tenemos como familia, de monitorear lo que ocurre en las redes digitales desde nuestros hogares”.

Por otra parte, Arizmendi consideró que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia marca un precedente jurídico en materia de protección de la infancia y la adolescencia, y le brinda a la sociedad organizada nuevas herramientas para denunciar el uso irresponsable de las comunicaciones por parte de los grandes consorcios digitales.

“La comunidad, los consejos comunales, las asociaciones de distintos movimientos sociales, tenemos una herramienta más para llevar adelante la contraloría social, la denuncia y el debate pedagógico necesario para que los niños, niñas y adolescentes no sigan siendo víctimas de algoritmos o de políticas irresponsables de los grandes consorcios digitales que en el mundo se lucran de todo este tipo de actos y acciones que enlutan a las familias, como han enlutado a familias en Venezuela”, aseveró.