Una de las consecuencias visibles más importantes de la migración forzada, a la que fueron impulsados miles de venezolanos a causa de la guerra económica y la desestabilización política de la que ha sido objeto el país, es la situación legal de los hijos de los migrantes que quedaron dentro del territorio nacional, al amparo de familiares.
Por esta razón, una cantidad importante de niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado de abuelas, tíos, entre otros, han tenido serias dificultades al momento de realizar trámites ante las instituciones del Estado, o al intentar acceder a su derecho a la salud o la educación, incluso para viajar, pues no hay un representante a su cargo validado ante los organismos correspondientes.
En este contexto, el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes impulsa jornadas en todo el territorio nacional para la concientización sobre el tema.
El pasado martes 25 de marzo inició en el estado Cojedes una jornada de colocación familiar, que permanecerá hasta el próximo 3 de abril, atendiendo a las familias que solicitan este requisito.
La jornada ofrece en primer lugar información acerca de los recaudos que deben llevar los responsables para adquirir el documento que certifica la colocación familiar, que será entregado el 3 de abril a todos los solicitantes.

¿QUÉ ES LA COLOCACIÓN FAMILIAR?

Rosalinda Mendoza, gerente general del Idenna, aseguró que la colocación familiar es un requisito indispensable para terceras personas que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, cuyos padres están fuera del país, o por alguna razón no pueden cumplir con las responsabilidades de crianza.
Mendoza aclaró que estos terceros pueden ser “abuelos, tíos, o cualquier otro familiar hasta el cuarto grado de consanguinidad”. Agregó que este documento solo lo emite el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, después de cumplir con los requisitos exigidos y establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Se trata de un documento vital para garantizar el derecho a la educación, a la salud y todos los derechos, pues certifica que el niño está protegido por su familia, ante la ausencia de sus progenitores.

Las autoridades recomiendan a las familias que se encuentren en una situación como esta, recurrir a las instancias de protección de la infancia para solicitar información sobre este tema.